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Preguntas Frequentes

  Índice:

  1. ¿Cómo se determina la modificación de la capacidad de una persona ?
  2. ¿Dónde se inicia el procedimiento?
  3. ¿Cómo se inicia el procedimiento?
  4. ¿Cómo se interpone la demanda y se practican las pruebas?
  5. ¿Qué efectos produce la Sentencia de Modificación de la capacidad?
  6. ¿Si a una persona se le ha modificado su capacidad, significa que ya no puede hacer nada?
  7. ¿La modificación de la capacidad declarada por el Juez es para siempre?
  8. ¿Hay que esperar a la Sentencia para obtener la protección de la persona cuya capacidad se va a valorar?
  9. ¿Qué es la patria potestad prorrogada o rehabilitada?
  10. ¿Qué es la tutela?
  11. ¿Quiénes pueden ser tutores?
  12. ¿Es obligatorio el cargo de tutor?
  13. ¿Qué funciones tiene el tutor?
  14. ¿Qué obligaciones asume el tutor?
  15. ¿Qué derechos tiene el tutor?
  16. ¿Cuándo termina la tutela?
  17. ¿Qué es la curatela?
  18. ¿Cuál es el procedimiento para su nombramiento?
  19. ¿Quiénes están sometidos a curatela?
  20. ¿Quiénes pueden ser curadores?
  21. ¿Qué funciones tiene el curador?
  22. ¿Qué es el defensor judicial?
  23. ¿Cuál es el procedimiento para su nombramiento?
  24. ¿Cuándo es necesario nombrar un defensor judicial?
  25. ¿Quiénes pueden ser defensores judiciales?
  26. ¿Qué funciones tiene el defensor judicial?
  27. ¿Cuándo termina la defensa judicial?
  28. ¿Qué es la guarda de hecho?
  29. ¿Qué funciones tiene el guardador de hecho?
  30. ¿Qué obligaciones asume el guardador de hecho?
  31. ¿Cuándo termina la guarda de hecho?
  32. ¿Qué es la autotutela?
  33. ¿Qué es el contrato de alimentos?
  34. ¿Qué finalidad se persigue con el contrato de alimentos?
  35. ¿Cuándo finaliza el contrato?
  36. ¿Qué es un patrimonio protegido?
  37. ¿Quién puede constituir el patrimonio protegido?
  38. ¿Cómo se constituye?
  39. ¿Quién administra el patrimonio protegido?
  40. ¿Cómo se extingue?
  41. ¿Qué régimen fiscal se aplica a los patrimonios protegidos?

1. ¿Cómo se determina la modificación de la capacidad de una persona ?

La modificación de la capacidad es una situación, a la que se llega por el padecimiento una enfermedad o deficiencia física o psíquica, de carácter persistente, que impide la capacidad de autogobierno  a algunas personas.Para proteger a estas personas, que no poseen una voluntad consciente y libre, ni suficiente discernimiento para adoptar las decisiones adecuadas en la esfera personal, y/o en la de administración de sus bienes, la Ley ha previsto la posibilidad  de modificación de la capacidad.

Al tratarse de un asunto de vital importancia y, con consecuencias tan trascendentes, el ordenamiento jurídico impone que la modificación de la capacidad sólo puede declararla un Juez mediante Sentencia, tras haberse tramitado el oportuno procedimiento judicial. El Código Civil no determina las enfermedades o deficiencias que dan lugar a la modificación de la capacidad, pero exige como requisitos ineludibles que las mismas sean persistentes en el tiempo, no meramente temporales, y que impidan a la persona gobernarse. En todo caso, la modificación de la capacidad hay que entenderla en un sentido positivo, pues tiene por finalidad posibilitar que personas sin capacidad, o con su capacidad disminuida, puedan actuar a través de sus representantes legales, o con la debida asistencia.

2. ¿Dónde se inicia el procedimiento?

El procedimiento de modificación de la capacidad debe iniciarse ante el Juzgado de 1ª Instancia, del lugar en que reside la persona cuya capacidad se va a valorar ¿Quién inicia el proceso judicial de modificación de la capacidad?Conviene distinguir dos supuestos:

- Mientras una persona es menor de edad está amparada por la patria potestad que, normalmente, será ejercida por ambos progenitores. Los padres actúan por sus hijos menores, supliendo su falta de capacidad. Al cumplir los dieciocho años, la persona adquiere la plena capacidad de obrar. Por ello, cuando sea previsible que el menor continúe necesitando un apoyo  aún después de alcanzar la mayoría de edad, es aconsejable iniciar el procedimiento de modificación de la capacidad mientras sea menor. En este caso, iniciarán el proceso quienes ejerzan la patria potestad, o en su caso, la tutela, con el efecto de quedar la guarda automáticamente prorrogada en beneficio del menor.

- Cuando la persona cuya capacidad se va a valorar es mayor de edad puede promover la iniciación del proceso de modificación de la capacidad la propia persona cuya capacidad se va a valorar, su cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos de esta persona. Además, el Ministerio Fiscal deberá promover la modificación de la capacidad si las personas mencionadas anteriormente no existieran, o no la hubieran solicitado.

3. ¿Cómo se inicia el procedimiento?

El procedimiento puede iniciarse:

  1. Mediante solicitud dirigida a la Fiscalía del domicilio de la persona a valorar. Según establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier persona puede poner en conocimiento del Fiscal los hechos que pueden dar lugar a  la modificación de la capacidad. De este modo, será el Ministerio Fiscal, a la vista de los informes y documentos facilitados, quien interponga la demanda, si considera que  existen indicios suficientes.
  2. Mediante abogado y procurador, que interpondrán directamente la demanda ante el Juez competente. Si se carece de bienes suficientes para iniciar el juicio, o para defenderse en el proceso, puede solicitarse el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita.

 

4. ¿Cómo se interpone la demanda y se practican las pruebas?

El procedimiento se inicia mediante un escrito de demanda, en el que se pone en conocimiento del Juez la existencia de una persona con presunta falta de capacidad, y en el que también puede solicitarse que se le nombre un representante legal. La demanda se notifica a la persona cuya capacidad se va a valorar en su domicilio, para que pueda contestarla en el plazo de veinte días. Si esta persona deja transcurrir este tiempo sin realizar gestión alguna, el Fiscal solicitará que se le nombre un defensor judicial que le represente en el juicio mediante procurador, y asuma su defensa a través de abogado.

Las pruebas que se practican en el proceso básicamente son:

  • Prueba Documental: consistente en los documentos que en su día se aportaron con la demanda, para acreditar la falta de capacidad: certificado literal de nacimiento, informes médicos, informes sociales, certificado de minusvalía; y cualquier otro que pueda tener relevancia para decidir sobre la modificación de la capacidad.
  • Audiencia de los parientes más próximos: que serán preguntados sobre la situación de la persona cuya capacidad se va a valorar, y sobre quien es la persona que consideran idónea para ejercer las funciones de tutor o curador.
  • Exploración de la persona cuya capacidad se va a valorar por el Médico Forense: que emitirá un Informe sobre la enfermedad o deficiencia que presenta el interesado, y la incidencia de estos padecimientos en su capacidad.
  • Revisión judicial: antes de decidir sobre la modificación de la capacidad solicitada, el juez se entrevistará con el interesado formándose una primera opinión sobre su estado.

5. ¿Qué efectos produce la Sentencia de Modificación de la capacidad?

Practicadas todas las pruebas y celebrado el acto de la vista, el Juez dictará Sentencia en la que determinará la extensión y límites de la modificación de la capacidad solicitada, y establecerá el régimen de guarda al que el incapaz debe quedar sometido.

- La Sentencia declarará la modificación de la capacidad total, en el caso de que se aprecie que el demandado no es capaz de cuidar de su persona, ni de administrar sus bienes.

-La Sentencia declarará la modificación de la capacidad parcial, cuando se estime que el demandado puede realizar determinados actos por sí solo, y que es capaz de adoptar algunas decisiones que atañen a su persona; pero que, para actos de mayor trascendencia o complejidad necesita el auxilio de otra persona. En este supuesto, la Sentencia debe especificar qué actos puede realizar por sí mismo, y para qué actos necesita asistencia.

Como puede apreciarse, la Sentencia de modificación de la capacidad debe adecuarse a la protección que necesita cada individuo, a sus especiales condiciones y necesidades de apoyo. Asimismo, la modificación de la capacidad deberá inscribirse en el Registro Civil y, si es necesario, en el Registro de la Propiedad.Por último, la Sentencia determinará la persona o institución que va a ejercer la guarda nombrando tutor o curador al interesado, o bien, prorrogando o rehabilitando la patria potestad de sus progenitores.

6. ¿Si a una persona se le ha modificado su capacidad, significa que ya no puede hacer nada?

La modificación de la capacidad legal no conlleva la pérdida de derechos, sino que brinda la oportunidad  de ejercer los derechos y hacer valer los intereses de esta persona  a través, o con el apoyo, de otra persona.Además, tanto si se declara la modificación de la capacidad total como la parcial, existen  derechos personales que la persona con capacidad modificada conserva siempre que la Sentencia no le prive de ellos expresamente. Estos son:

a) El ejercicio del derecho de sufragio.- Cuando la Sentencia no declara lo contrario, podrá ejercer su derecho al voto.

b) La facultad de hacer testamento notarial.- Si la Sentencia de modificación de la capacidad no se pronuncia sobre esta cuestión, y la persona  pretende otorgar testamento, el Notario puede autorizar su otorgamiento, cuando dos facultativos lo examinen, y respondan de su capacidad para testar en el momento en que desea hacerlo.

c) Derecho a contraer matrimonio.- La declaración de modificación de la capacidad no impide la celebración del matrimonio civil. Corresponde al Juez encargado del Registro Civil, previo informe médico de un especialista, apreciar si el contrayente posee capacidad para prestar su consentimiento.

d) Firmar un contrato de trabajo.- Las leyes laborales exigen la plena capacidad de obrar para celebrar un contrato de trabajo. No obstante, en los supuestos de una persona con capacidad limitada basta con la autorización expresa de su representante legal.

7. ¿La modificación de la capacidad declarada por el Juez es para siempre?

La Ley permite que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda iniciarse un nuevo proceso con el objeto de dejar sin efecto la modificación de la capacidad, o modificar el alcance de la establecida.Esto significa que la modificación de la capacidad, en principio, no tiene por qué perdurar toda la vida. Sin embargo, no es habitual que una persona recupere su capacidad, pues ello implicaría que han desaparecido las enfermedades o deficiencias persistentes, físicas o psíquicas, que determinaron la declaración de modificación de la capacidad.Más abundantes son los casos en que se declara una modificación de la capacidad parcial, y al agravarse los padecimientos con el transcurso del tiempo, se inicia un nuevo proceso para que se declare la modificación de la capacidad total.

8. ¿Hay que esperar a la Sentencia para obtener la protección de la persona cuya capacidad se va a valorar?

 Existe un procedimiento específico para conseguir la inmediata protección de la persona y/o de los bienes de la persona cuya capacidad se va a valorar, sin tener que esperar a que se dicte la Sentencia de modificación de la capacidad. Se trata de la posibilidad de solicitar del Juez, la adopción de las medidas de protección que resulten imprescindibles. En ocasiones, será el propio Juzgado quien adopte estas medidas si lo estima necesario.

Entre estas medidas podemos citar la de internamiento no voluntario en centro médico psiquiátrico, el seguimiento de un tratamiento médico adecuado, el nombramiento de un administrador provisional de los bienes del persona cuya capacidad se va a valorar, la indisponibilidad de las cuentas bancarias, el depósito de bienes muebles o valores mobiliarios en un establecimiento destinado al efecto, la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad, etc.

Hay que tener presente que estas medidas cautelares estarán vigentes, mientras se decide el proceso de modificación de la capacidad. Una vez concluido el proceso, la Sentencia deberá pronunciarse sobre el mantenimiento o extinción de las medidas cautelares, o bien, su sustitución por otras más oportunas. 

9. ¿Qué es la patria potestad prorrogada o rehabilitada?

Procede la patria potestad prorrogada, cuando la persona cuya capacidad se va a valorar es menor de edad y convive con sus padres, o con uno de ellos. En este caso, el Juez que valore la capacidad declarará prorrogada la patria potestad a favor de los progenitores, para  cuando el hijo incapaz alcance la mayoría de  edad.Se establecerá la patria potestad rehabilitada, si la persona cuya capacidad se va a valorar es mayor de edad  y vive con sus progenitores, o con uno de ellos.

Las funciones que ejercen los padres son las mismas que si el hijo fuera menor, de modo que, lo representan legalmente, administran sus bienes, y velan por él procurándole los cuidados y la atención que sean necesarios.La patria potestad se extingue por la muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo, por la adopción del menor, por haberse modificado la Sentencia declarando el cese de la modificación de la capacidad, y por haber contraído matrimonio.  

10. ¿Qué es la tutela?

La tutela es la institución de guarda que procede cuando se declara la modificación de la capacidad total de una persona, para regir su persona y sus bienes, en sustitución de la patria potestad ejercida por los padres.Será en el propio proceso de modificación de la capacidad, donde se solicite el nombramiento de un tutor. También es posible pedirlo en un proceso posterior e independiente.

11. ¿Quiénes pueden ser tutores?

La tutela puede ejercerse por cualquier persona que tenga capacidad de obrar, y esté en pleno uso de sus derechos civiles.No podrán ser tutores:

-    Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad.

-    Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior.

-    Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena

-    Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela.

-    Las personas con imposibilidad absoluta de hecho.

-    Los que tuvieren enemistad manifiesta con la persona con capacidad modificada.

-    Las personas de mala conducta o que no tuvieran manera de vivir conocida.

-    Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con la persona con capacidad modificada, tengan un juicio contra él, o le adeuden sumas de dinero considerables.

-    Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona.

-    Los excluidos expresamente por los padres en testamento o escritura pública, salvo que el Juez estime otra cosa en beneficio del persona con capacidad modificada.Asimismo, puede nombrarse tutor a las entidades tutelares  sin ánimo de lucro, entre cuyos fines figure la protección de las personas discapacitadas, en ausencia de familiares u otras personas que se puedan hacer cargo de la tutela¿A quién se prefiere para el cargo de tutor?Conforme establece el Código Civil, para el nombramiento de tutor se preferirá:-    Al designado por el propio tutelado, antes de declararse su modificación de la capacidad, en escritura pública notarial.-    Al cónyuge que conviva con el tutelado.-    A los padres.-    A la persona o personas designadas por los padres en su testamento.-    Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.El Juez tiene potestad para alterar este orden de preferencia, y puede incluso prescindir de todas las personas mencionadas, si con ello se beneficia a la persona cuya capacidad se va a valorar.

12. ¿Es obligatorio el cargo de tutor?

Una vez que el juzgado nombra a una persona tutor, existe la obligación de ejercer las funciones que le son propias. Después del nombramiento, el tutor debe acudir al juzgado a tomar posesión de su cargo, firmando que lo acepta. Sin embargo, la persona designada puede alegar la concurrencia de alguna causa que le impida su ejercicio. Son causas de excusa: la edad, padecer una enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, la falta de vínculos entre tutor y tutelado, o cuando resulta excesivamente gravoso su ejercicio.

Si el Juez admite la causa de excusa, se procederá a nombrar un nuevo tutor.

13. ¿Qué funciones tiene el tutor?

El tutor es el representante legal de la persona tutelada. Esto significa que el tutelado puede suscribir escrituras, concertar contratos, solicitar prestaciones, o realizar cualquier  otro acto con trascendencia jurídica, siempre que actúe a través de su tutor que firmará en su nombre. Por lo tanto, los actos que efectúe la persona con capacidad modificada  sin la asistencia de su tutor serán nulos y carecerán de validez legal.

La tutela se extiende:

-    A la protección personal del tutelado, promoviendo una educación y formación integral. El tutor debe también velar por el tutelado y procurarle alimentos. Pero esto no significa que el tutor deba llevarse al tutelado a su casa, ni que tenga que alimentarlo con cargo a su patrimonio personal. Se trata de que no le falte lo necesario, atendiendo a sus circunstancias económicas personales, cuidando que tenga una calidad de vida digna.

-    A la administración del patrimonio del tutelado, siempre en beneficio exclusivo de la persona con capacidad modificada. Estas funciones se ejercen bajo la supervisión del Juez y del Ministerio Fiscal. De este modo, el tutor tiene que solicitar autorización judicial previa para:

o    Internar al tutelado en un centro de salud mental, o de educación o formación especial.

o    Vender o gravar bienes inmuebles (fincas, casas), establecimientos mercantiles o industriales (tiendas, comercios, fábricas), objetos preciosos (joyas, obras de arte) y valores mobiliarios (acciones o participaciones en empresas), excepto el derecho de suscripción preferente de acciones.

o    Celebrar contratos en nombre del tutelado, o actos que deban inscribirse en el Registro de la Propiedad.

o    Renunciar derechos, transigir o someter a arbitraje cuestiones en las que el tutelado estuviese interesado.

o    Aceptar sin beneficio de inventario o repudiar una herencia u otras liberalidades.

o    Hacer gastos extraordinarios en los bienes.

o    Interponer una demanda en nombre del tutelado, salvo que el asunto sea urgente o de escasa cuantía.

o    Ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a 6 años.

o    Dar y pedir dinero a préstamo.

o    Disponer a título gratuito, o lo que es lo mismo sin recibir nada a cambio, de bienes o derechos del tutelado.

o    Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra el tutor, o adquirir a título oneroso, es decir, mediante pago, los créditos de terceros contra el tutelado.

Antes de autorizar estas operaciones el Juez solicitará informe del Ministerio Fiscal, y oirá al tutelado si lo estima oportuno. Las particiones de herencia y la división de la cosa común realizadas por el tutor, deben presentarse al Juez para su aprobación.

14. ¿Qué obligaciones asume el tutor?

Para evitar que el tutor pueda adoptar decisiones arbitrarias, o que perjudiquen al tutelado, se le imponen las siguientes obligaciones:

-    Hacer inventario de los bienes del tutelado, en los 60 días siguientes a la fecha de aceptación de la tutela. Este inventario debe ser aprobado por el Juez, y contendrá todos los bienes y derechos propiedad del tutelado, así como las deudas y cargas de las que deba responder.

-    Informar anualmente al juzgado de la situación personal y patrimonial del tutelado, y rendir la cuenta anual de su administración. En cualquier momento el juzgado puede exigir del tutor, que informe sobre la situación de la persona con capacidad modificada.

-    Rendición final de cuentas que deberá presentarse ante el juzgado al cesar en las funciones de tutor, en el plazo de los 3 meses siguientes.

15. ¿Qué derechos tiene el tutor?

La persona tutelada debe respeto y obediencia al tutor, que puede solicitar el auxilio de la autoridad en el ejercicio de su cargo.Además, el tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. Es el Juez el que, previa solicitud del interesado, determina el importe de la remuneración dependiendo del trabajo que el tutor deba realizar, y del valor y rentabilidad de los bienes del tutelado.Asimismo, el tutor tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que sufra en el ejercicio de la tutela, sin culpa por su parte, con cargo a los bienes del tutelado.

16. ¿Cuándo termina la tutela?

La tutela concluye:

-    Cuando se hubiera originado la tutela por la suspensión o privación de la patria potestad, y el titular de ésta la recupere.

-    Por fallecimiento del tutor y/o de la persona sometida a tutela.

-    Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la modificación de la capacidad, o que modifique la sentencia  sustituyendo la tutela por la curatela.

17. ¿Qué es la curatela?

La curatela es la institución de guarda que se establece cuando se declara la modificación de la capacidad parcial de una persona. La modificación de la capacidad parcial supone que la persona conserva cierto grado de autogobierno o autonomía, que le permite adoptar las decisiones más sencillas sobre su persona y/o bienes.

18. ¿Cuál es el procedimiento para su nombramiento?

El procedimiento es el mismo que el de la tutela, determinándose en la sentencia de modificación de la capacidad la figura de guarda de la curatela, en atención a las capacidades que mantiene.

19. ¿Quiénes están sometidos a curatela?

Las personas a quienes la sentencia de modificación de la capacidad o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

20. ¿Quiénes pueden ser curadores?

En cuanto a las personas e instituciones que pueden ser curadores, las causas que impiden ser curador, las excusas para el ejercicio de la curatela, y las obligaciones y derechos que conlleva el cargo, son las mismas que para el tutor.

21. ¿Qué funciones tiene el curador?

El curador, a diferencia del tutor, no es el representante legal de la persona con capacidad modificada. La misión del curador es asistir al incapaz y complementar su capacidad, en aquellos actos que no pueda realizar por sí mismo.

Los actos en que se considera necesaria la intervención del curador, deben quedar delimitados en la sentencia que haya establecido la curatela. Cuando la sentencia no específica el alcance de la curatela, se entiende que la asistencia del curador se refiere a  los mismos actos para los que el tutor necesita autorización judicial. En el caso de existir discrepancias entre el sometido a curatela y el curador, deberá plantearse la cuestión al juzgado.

22. ¿Qué es el defensor judicial?

El defensor judicial es una figura de guarda que se caracteriza por su actuación provisional y transitoria. Su cometido es representar, o en su caso, asistir a la persona con capacidad modificada o en proceso judicial de valoración de la capacidad  en situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, el tutor o el curador.

23. ¿Cuál es el procedimiento del nombramiento?

Es el Juez quien nombrará un defensor judicial, previa la tramitación del oportuno procedimiento, cuando lo considere conveniente para la protección de la persona y/o de sus bienes.

24. ¿Cuándo es necesario nombrar un defensor judicial?

Pueden distinguirse las siguientes circunstancias:

- Cuando en algún asunto exista un conflicto de intereses entre la persona con capacidad modificada y sus representantes legales -padres o tutor-, o el curador

- Cuando el tutor, o el curador, haya sido destituido de su cargo, mientras se nombra a otra persona para desempeñarlo.

- Cuando el tutor, o el curador, haya alegado alguna causa de excusa para no seguir ejerciendo la guarda, mientras se nombra a otra persona que lo sustituya.

- Durante el proceso judicial de modificación de la capacidad, el Ministerio Fiscal actuará como defensor judicial de la persona cuya capacidad se va a valorar, asumiendo su representación y defensa. En los casos en que el propio Ministerio Fiscal inicia el procedimiento, si la persona a valorar  no comparece en el plazo establecido, se nombrará un defensor judicial que le represente en el juicio mediante procurador, y asuma su defensa a través de abogado.

25. ¿Quiénes pueden ser defensores judiciales?

Si se trata de la guarda ejercida por ambos padres, y el conflicto de intereses existe sólo con uno de ellos, corresponderá al otro representar y amparar a la persona con capacidad modificada por Ley, sin necesidad de que lo nombre el Juez.

En los demás casos, las personas e instituciones que pueden ser defensores judiciales, las causas que impiden ser defensor judicial, las excusas para el ejercicio de la defensa judicial, y las obligaciones y derechos que conlleva el cargo, son las mismas que para el tutor y el curador.

26. ¿Qué funciones tiene el defensor judicial?

El defensor judicial tendrá las funciones que le haya asignado el Juez, dependiendo de las necesidades que motivaron su nombramiento.Puede que su actuación sólo sea necesaria para un asunto concreto, por ejemplo, la firma de una escritura pública. O que sea requerido para ejercer la administración provisional de los bienes del incapaz.

27. ¿Cuándo termina la defensa judicial?

Cuando concluya el cometido para el que fue designado, o cuando se nombra un tutor o curador tras la aceptación del cargo.

28. ¿Qué es la guarda de hecho?

La guarda de hecho pretende regular la situación que se produce cuando una persona distinta de los progenitores, sin estar designada para ello por el juzgado, asume la protección de la persona y bienes  de una persona con una discapacidad.

No todas las personas afectadas por una discapacidad, están  sometidas a tutela o curatela. Muchos se encuentran al cuidado de un familiar, de un vecino, de un amigo o de un centro asistencial que, en la práctica, ejercen las funciones de un tutor o curador.

Teniendo presente que no es posible, ni en ocasiones oportuno, someter a un procedimiento de valoración de la capacidad a todos los discapacitados se hace necesario establecer la figura de la guarda de hecho.La guarda de hecho posibilita que el Juez fiscalice la actuación de personas que ejercen esta figura.

29. ¿Qué funciones tiene el guardador de hecho?

El guardador de hecho no es el representante legal de la persona con discapacidad, no puede sustituirlo en negocios patrimoniales ni actuar por él en actos personales.

En el ámbito personal, el guardador de hecho tiene el deber de cuidar a la persona, preocupándose de su alimentación, asistencia médica y  formación.

En el ámbito patrimonial, administra los bienes, pero no puede venderlos, ni arrendarlos, ni realizar ningún otro acto de disposición sobre los mismos. Sí puede efectuar pagos ordinarios como los suministros de agua, luz o gas, o el coste de la estancia en un centro, preferiblemente a través de una domiciliación bancaria.

La guarda de hecho se ejerce de forma gratuita. Sin embargo, el Juez puede reconocer el derecho del guardador a ser indemnizado por los gastos y perjuicios que se esta función le hubieran ocasionado.

30. ¿Qué obligaciones asume el guardador de hecho?

Cuando el Juez conozca la existencia de un guardador de hecho, puede requerirle para que informe sobre la situación de la persona y de sus bienes y de su actuación respecto a los mismos. De este modo, aún cuando no existe la obligación de practicar inventario y rendir cuentas anuales, como ocurre en la tutela, será conveniente que el guardador de hecho haya confeccionado un inventario de los bienes y lleve su administración clara y ordenadamente.

31. ¿Cuándo termina la guarda de hecho?

-    Por la recuperación de la persona con discapacidad.

-    Por la muerte o declaración de fallecimiento del guardador de hecho o de la persona con discapacidad

-    Cuando la autoridad judicial sustituya al guardador de hecho, bien transitoriamente por un defensor judicial, bien de modo definitivo por un tutor o curador.

32. ¿Qué es la autotutela?

Es la posibilidad que tiene una persona plenamente capaz, para adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsión de su propia futura modificación de la capacidad.

La Autotutela se introduce en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, con la pretensión de mejorar el tratamiento jurídico de las personas con discapacidad.

En este sentido, se modifica la legislación civil estableciendo las siguientes posibilidades:

- Otorgar documento público notarial, adoptando cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.- Es decir, cualquier persona con capacidad de obrar puede acudir al Notario y dejar dispuesto en una escritura pública quién quiere que sea su tutor, dónde quiere ser asistido o residir, o cómo deben administrarse sus bienes, en el supuesto de que su capacidad sea modificada judicialmente. Esta posibilidad puede resultar muy importante, sobre todo en el caso de enfermedades degenerativas.

-  Designar a la persona que ha de ser su tutor.- El orden de preferencia establecido para el nombramiento de un tutor establece en primer lugar al designado por la propia persona en escritura pública. El Juez podrá prescindir de la persona designada, cuando hayan sobrevenido nuevas circunstancias que no fueron tenidas en cuenta al efectuar la designación, y así convenga al interés de esta persona cuando su capacidad ha sido modificada.El Notario comunicará de oficio la existencia de estos documentos públicos al Registro Civil, para que quede indicado su otorgamiento en la inscripción de nacimiento del interesado. Cuando se inicia un proceso de modificación de la capacidad el Juez recabará certificación del Registro Civil, a fin de comprobar si existen esta clase de escrituras públicas.

- Otorgar mandato para el caso de modificación de la capacidad del mandante.- Se introducen cambios en la regulación del contrato del mandato, haciendo posible que el poder dado por una persona capaz a favor de otra subsista, aún cuando la capacidad de quien lo hubiera otorgado sea modificada con posterioridad, siempre que el mandato contenga esta disposición de manera expresa.

- Promover el juicio de modificación de la capacidad por el propio interesado.-La persona cuya capacidad se va a valorar podrá iniciar el proceso a través de procurador que lo represente, y abogado que lo defienda. Si carece de bienes suficientes para iniciar el juicio, puede solicitar el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita.

33. ¿Qué es el contrato de alimentos?

En el contrato de alimentos una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a otra persona durante su vida, a cambio de obtener la transmisión de un capital compuesto por cualquier clase de bienes y derechos.¿Quiénes pueden suscribir el contrato de alimentos?Los progenitores u otros familiares de la persona con capacidad modificada, que se obligan a transmitir a una persona la titularidad de un patrimonio. Aunque quienes contratan son los familiares, se designa como beneficiario a la persona discapacitada.También puede ser una persona que se obliga a prestar los alimentos al beneficiario mientras éste viva, recibiendo a cambio la propiedad de determinados bienes y derechos.

34. ¿Qué finalidad se persigue con el contrato de alimentos?

Asegurar que el beneficiario, llamado por la Ley alimentista, tenga cubierta las necesidades de residencia, manutención y asistencia personal hasta su fallecimiento. La extensión y calidad de los alimentos deben fijarse en el contrato y, salvo pacto en contrario, no dependerán de las vicisitudes del capital y necesidades del obligado, ni del caudal de quien los recibe.

35. ¿Cuándo finaliza el contrato?

En caso de incumplimiento por el obligado a prestar alimentos, el alimentista puede elegir entre exigir judicialmente su cumplimiento, o resolver el contrato. Si opta por la resolución, el alimentante deberá devolver el capital recibido. En cualquier caso, debe garantizarse al alimentista un superávit suficiente para constituir, de nuevo, una pensión análoga por el tiempo que le quede de vida. La única causa de extinción prevista en la Ley es la muerte del alimentista o beneficiario.

36. ¿Qué es un patrimonio protegido?

Es una opción que ofrece la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, para la protección económica de las personas con discapacidad. Consiste en la posibilidad de agrupar un conjunto de bienes, dinero y derechos, formando un patrimonio, del que sólo puede ser beneficiaria la persona que se encuentre afectada por una discapacidad física mayor del 65%, o por una discapacidad psíquica mayor del 33% (según certificado administrativo acreditativo del grado de discapacidad),

37. ¿Quién puede constituir el patrimonio protegido?

La propia persona discapacitada que vaya a disfrutar del patrimonio podrá constituirlo, siempre que conserve su capacidad de obrar.También pueden constituirlo sus padres, tutores, curadores, o guardadores de hecho. En todo caso, se requiere una aportación inicial de dinero, u otra clase de bienes o derechos, a título gratuito. Una vez constituido, cualquier persona puede efectuar aportaciones al mismo, siempre a título gratuito.

38. ¿Cómo se constituye?

Es necesaria escritura pública otorgada ante Notario, donde se harán constar las reglas de administración del patrimonio que resulten más adecuadas, según las necesidades de la persona con discapacidad y los bienes aportados. Asimismo, debe determinarse en la escritura el momento en que comenzará su uso, bien al fallecimiento de los progenitores, o incluso en vida de éstos.

Para que surta plenos efectos frente a terceras personas será necesaria su inscripción en el Registro Civil, y en el Registro de la Propiedad, en el que además se transcribirán las normas de su administración.

39. ¿Quién administra el patrimonio protegido?

Conviene distinguir dos supuestos:

- Cuando el patrimonio se constituye por la persona con discapacidad. El beneficiario que conserve su capacidad de obrar, puede establecer y modificar las reglas para la gestión de su patrimonio protegido, así como nombrar y sustituir a su administrador, cuantas veces desee. También podrá determinar el modo de supervisar la administración del patrimonio.

-  Cuando el patrimonio se constituye por persona distinta de su beneficiario. Será la propia persona que ha constituido el patrimonio protegido quien lo administre, o quien designará un administrador. Además, en las reglas de administración se debe establecer la necesidad de recabar autorización judicial, para los mismos supuestos en que el tutor debe solicitarla.Con independencia del sistema de supervisión de la administración dispuesto por el constituyente del patrimonio, la Ley encomienda esta misión al Ministerio Fiscal en dos formas:

- Una supervisión permanente y general, consistente en la obligación del administrador, salvo que se trate del propio beneficiario o sus progenitores, de presentarle anualmente una relación de su gestión y el inventario de bienes y derechos del patrimonio protegido.

- Una supervisión esporádica y concreta, cuando las circunstancias concurrentes lo hagan preciso, pudiendo instar del Juez la adopción de las medidas que estime pertinentes en beneficio de la persona con discapacidad.

40. ¿Cómo se extingue?

El patrimonio protegido se extinguirá:

-    Por la muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario.

-    Cuando el beneficiario deje de padecer una discapacidad en los grados establecidos por la Ley.

-    Por decisión judicial cuando así convenga al interés de la persona con discapacidad.

41. ¿Qué régimen fiscal se aplica a los patrimonios protegidos?

La Ley modifica determinadas normas fiscales estableciendo una serie de medidas para favorecer las aportaciones a los patrimonios protegidos a título gratuito.

En concreto, se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con la finalidad de regular el régimen tributario aplicable al discapacitado, titular del patrimonio protegido, por las aportaciones que se integren en éste; y a las personas que aportan al patrimonio por las disposiciones que realicen.

 
 
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